¡Sin Límite!

El pasado 28 de abril, el ex-interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, prestó declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del caso ERE, reafirmando ante el Juez Barreiro que la Intervención de la Junta alertó en el año 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros", sin que el Gobierno andaluz actuara para solucionar ese gasto no previsto en los Presupuestos.

Asimismo, para demostrar que el Gobierno andaluz sí actuó cuando la Intervención de la Junta informó de otros agujeros presupuestarios, puso de ejemplo el desfase de 43 millones de euros que se produjo con las ayudas a las familias andaluzas para la adquisición de equipos informáticos y conexión a Internet, que al igual que los ERE, fueron gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes llamada IFA. Para colmo, en el caso de los ordenadores, el IFA usó a otra empresa instrumental suya, llamada FAGIA. Imagínense los gastos de tanta intermediación sin necesidad alguna.

Por otro lado, la Juez Alaya ha imputado a más cargos públicos de la Junta de Andalucía porque la Agencia IDEA concedió avales o créditos en el año 2009 por 71,2 millones, cuando el límite establecido en la Ley de Presupuesto era de 18 millones.

La Presidenta paralela y la AACID

Desde hace pocos días, el nuevo e incompleto portal de "transparencia" de la Junta de Andalucía ofrece determinada información sobre  subvenciones y ayudas públicas. Entre las ¡71.103 ayudas! otorgadas por la Junta de Andalucía desde el 1 de enero de 2014, aparecen las subvenciones concedidas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

En relación a la citada Agencia, he de informarles que la modificación de sus Estatutos, aprobada por el Gobierno presidido por Susana Díaz, ha sido recurrida ante el TSJA por la Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, entre otras razones, por ejercer la citada Agencia potestades públicas administrativas vulnerando el ordenamiento jurídico.

¿Quién decide?

El lunes pasado, distintos medios de comunicación publicaban la noticia de la visita del Rey de España a la fábrica que la empresa Persán, S.A. posee en Sevilla, en donde ha presidido la celebración del 75 aniversario de la misma. Dicha empresa se dedica al mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza, y ha inaugurado un laboratorio de I+D, un almacén automático con capacidad para 40.000 palés y unidades de fabricación de detergentes en cápsulas.

La Tuerca 2

"Como se fraguó el caso ERE"

Nunca creí que fuera posible extraer más sustancia del caso ERE, pero tras escribir mi anterior artículo, "La tuerca", decidí seguir buceando en el tema por si encontraba alguna otra rareza, especialmente cuando observé que el contenido de mi artículo quedó corroborado por el informe de los peritos judiciales del caso ERE y su ratificación ante la Juez Alaya, casualmente el mismo día en el que se publicó en El Demócrata Liberal.

Esta es mi conclusión tras la investigación realizada: no sólo el PSOE se ha dedicado a regular estas ayudas eludiendo el control de la Comisión Europea, además de malversar y prevaricar sus cargos en Andalucía; también el PP, que  plagia al PSOE en su irresponsabilidad, aprobando una nueva norma. La cartelización de ambos partidos (sigo a los politólogos Katz y Mair) les lleva a este tipo de actuaciones para conservar el poder, y si para ello tienen que comprar votos, los compran, y si como consecuencia tienen que freírnos a impuestos y tasas, adelante, que ancha es Castilla.

La pregunta que me hice para iniciar la investigación fue la siguiente: ¿existían normas estatales que regulaban las ayudas sociolaborales a empresas para las “prejubilaciones”, y a pesar de todo, la Junta de Andalucía las marginó y actuó por libre? Veamos hasta donde me llevó esta investigación.

La Tuerca

"Otra visión del caso ERE"

Una vuelta de tuerca al caso ERE de Andalucía parecía casi imposible con todo lo que se ha investigado, escrito y publicado. Sin embargo, tras macerarme en el caso, mi sorpresa fue mayúscula cuando la llave que rodeaba la tuerca empezó a girar de nuevo y… ¡dio una vuelta más!

Hoy les voy a mostrar otra arista del caso ERE, que posiblemente les resulte igual de injusta, y no lo digo por la cuantía del dinero público en juego, que ya es grave de por sí, sino por lo que revela. Por un lado, un Estado de Derecho gravemente lesionado, despreciado por unos políticos irresponsables y embaucadores, unos trileros de tres al cuarto que han ocupado y ocupan nuestras instituciones, y que nos pueden arruinar aún más el futuro al convertir la gestión pública en un negocio partidista muy suculento; por otro lado, la presunta culpabilidad de la actual Presidenta de la Junta, Susana Díaz, que por omisión no corrigió lo que evidentemente conocía siendo Consejera de Presidencia y miembro del Consejo de Gobierno. Desconozco si en calidad de Presidenta de la Junta ha rectificado la situación, o todo sigue igual.

Asimismo, les demostraré que la línea argumental de defensa de los ex-Presidentes Chaves y Griñán ante el Tribunal Supremo es completamente absurda. La prueba pericial contradictoria presentada ante dicho Tribunal no puede tener más fin que demorar en lo posible el proceso judicial de cara a las próximas citas electorales, dado que sus fundamentos no tienen consistencia alguna.

Empleo corrupto

"El Programa Emple@Joven de la Junta nace torcido" 

Negro y oscuro como el carbón. Con este artículo les mostraré, una vez más, cómo el Estado de Derecho no tiene cabida en Andalucía. Cuando del Gobierno andaluz se trata, todo es suceptible de empeorar. Este nuevo despropósito de la Junta de Andalucía está relacionado -como no- con el Servicio Andaluz de Empleo –SAE- y las partidas millonarias que en 2014 –y siguen en 2015- se han dedicado a esta materia. Y este caso afecta al Gobierno capitaneado por Susana Díaz.

En primer lugar, denunciaré el uso indebido de transferencias de capital por parte del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía para ser destinados a gastos corrientes (en este caso, contratación de jóvenes). Esta práctica ilegal ya fue denunciada por la Cámara de Cuentas en un informe de enero de 2014 sobre la formación, pero la Junta de Andalucía se reafirma en su descarrío.

Y, en segundo lugar, lo que es aún más grave: sin tener el título competencial para ello, la Junta de Andalucía vuelve a regular ayudas sociolaborales, competencia que sólo tiene el Estado. Las Comunidades Autónomas sólo tienen competencias ejecutivas, es decir, gestionar dichas ayudas adecuándose a la normativa del Estado.

¿VENTA ILEGAL DE BIENES POR EL GOBIERNO ANDALUZ?

Un nuevo disparate del Gobierno andaluz

En el apartado de noticias de su web, publicaba el Gobierno andaluz, el pasado día 4 de diciembre, el siguiente titular: “La Junta adjudica con éxito la operación de venta de inmuebles por 300 millones de euros”, y literalmente dice en el subtítulo “Andalucía coloca el mayor paquete de venta de inmuebles, lo que demuestra la confianza de la inversión extranjera en la comunidad”.

Y la noticia comienza diciendo lo siguiente: “La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha conseguido colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas.

La operación, que llevaba intentando cerrarse desde 2011, demuestra la confianza en Andalucía de los inversores extranjeros y revela un uso dinámico del patrimonio de la administración, que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan y se recupera en etapas de crecimiento económico.”

¿FRAUDE MASIVO EN LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA?

La Junta de Andalucía no tiene competencias para regular las ayudas y subvenciones en materia de formación para el empleo.

En primer lugar, quiero aclarar a mis lectores que no soy contrario a la finalidad perseguida con el uso de los fondos públicos si con ello se trata de mejorar el empleo en nuestro país, y en especial, para perfeccionar la formación profesional de los ciudadanos que optan por ello. ¡Loable objetivo! Pero, una vez más, el fin no justifica los medios, como veremos a continuación.

Entre las acciones que forman parte de las “políticas activas de empleo”, esa cursi expresión de nuevo cuño que tanto gustan a los políticos, tenemos la formación para el empleo (para desempleados y trabajadores ocupados, que se denominaban formación ocupacional y continua, respectivamente). Evitaré en este momento el debate sobre la necesidad o no del gasto en formación para el empleo por los Servicios Públicos de Empleo, pero no puedo pasar por alto la gran apuesta realizada por un sistema educativo que integra la formación profesional. ¿Cuánto hubiera mejorado nuestro sistema educativo de formación profesional si la descomunal cantidad de dinero empleada en formación para el empleo se hubiera dedicado a la potenciación de aquél? Hablamos de muchos miles de millones de euros….

AVRA-CADABRA: ¿MAGIA EMPRESARIAL O FRAUDE A LA ANDALUZA?

Fondos europeos (FEDER), convenios, encomiendas de gestión, agencia empresarial y otras mentiras.

Con esta nueva publicación se demuestra una vez más cómo el Gobierno andaluz sigue empeñado en la tarea de justificar lo injustificable: la existencia de innecesarias e ineficientes Agencias Empresariales, Fundaciones y Sociedades Mercantiles públicas, las cuales, día tras día, nos sorprenden con un nuevo caso escandaloso de fraude y malversación de fondos públicos.

Y esto no es más que el resultado de la huida permanente del Derecho Administrativo por parte de los partidos políticos que nos gobiernan, y que es objeto de crítica constante por muchos expertos en la materia, sin que ningún político, de momento, haya cogido el toro por los cuernos y haya adoptado las soluciones preventivas que algunos defendemos desde hace años (las medidas disuasorias -como las penales- también son necesarias, pero no son tan efectivas para la prevención de delitos). Sí, es posible minimizar la corrupción, lo reitero, me ratifico en ello, y lo puedo demostrar en cualquier debate, público o privado, pero los partidos que nos han gobernado y nos gobiernan se han resistido y se resistirán a adoptar esas medidas, porque se les desmoronaría todo el entramado diseñado con fines nebulosos que antepone el interés partidista al interés general, y con el efecto perverso de permitir y abonar el terreno de la corrupción política, económica y social. ¡Ay, si todos los ciudadanos despertaran y abrieran los ojos!