¡Sin Límite!

El pasado 28 de abril, el ex-interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, prestó declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del caso ERE, reafirmando ante el Juez Barreiro que la Intervención de la Junta alertó en el año 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros", sin que el Gobierno andaluz actuara para solucionar ese gasto no previsto en los Presupuestos.

Asimismo, para demostrar que el Gobierno andaluz sí actuó cuando la Intervención de la Junta informó de otros agujeros presupuestarios, puso de ejemplo el desfase de 43 millones de euros que se produjo con las ayudas a las familias andaluzas para la adquisición de equipos informáticos y conexión a Internet, que al igual que los ERE, fueron gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes llamada IFA. Para colmo, en el caso de los ordenadores, el IFA usó a otra empresa instrumental suya, llamada FAGIA. Imagínense los gastos de tanta intermediación sin necesidad alguna.

Por otro lado, la Juez Alaya ha imputado a más cargos públicos de la Junta de Andalucía porque la Agencia IDEA concedió avales o créditos en el año 2009 por 71,2 millones, cuando el límite establecido en la Ley de Presupuesto era de 18 millones.

 Las declaraciones del Interventor y la actuación de la Juez Alaya me son útiles para alertar del peligro que entraña que la concesión de subvenciones y otras ayudas económicas, como avales y préstamos, no esté en manos de la Administración General, es decir, de las Consejerías.

El funcionamiento de la Administración General está regido por el Derecho público, y por ello, su personal es funcionario sometido a todas las garantías legales en defensa del interés general, todo lo contrario de lo que ocurre con la llamada “administración paralela” de la Junta, que es disfrazada con un traje de seda denominado “Administración institucional”, que se rige por el Derecho privado (Civil, Mercantil y Laboral, entre otros).

¿Qué diferencia esencial hay entre el Derecho público y el Derecho privado? En el primero, las normas están presididas por la consecución de algún interés público, mientras que en el Derecho privado, las normas tienden a favorecer los intereses particulares de las personas físicas y jurídicas.

Por ejemplo, en el caso de personas jurídicas como las agencias empresariales o sociedades mercantiles de la “administración paralela”, al igual que en las empresas privadas, priman sus intereses particulares, como obtener beneficios, aunque sea a costa de perjudicar el interés general. Igual ocurre con sus trabajadores, personas físicas, que al regirse por contratos laborales, en caso de conflicto son defendidos por los Tribunales de lo Social sin tener en cuenta el interés general, lo cual no ocurre con los conflictos con funcionarios en los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, donde el interés general prevalece sobre el particular del funcionario.

Por otro lado, al regirse por el Derecho privado las más de 200 agencias, empresas, fundaciones y consorcios de la “administración paralela” de la Junta, pueden gastar más de lo que presupuestan, y sin el control previo -fiscalización o autorización- de funcionarios interventores. Esto es imposible en las Consejerías de la Administración General.

¿Se imaginan ustedes que el Presidente o Administrador de una Comunidad de vecinos, con su presupuesto aprobado en su Asamblea anual, gastara mucho más que lo aprobado en ésta sin conocimiento de los vecinos? Pues algo similar es lo que ha estado haciendo la Junta de Andalucía: sus entes de la administración paralela han gastado y gastan sin someterse a los mismos preceptos legales que las Consejerías, por encima de lo estimado en sus presupuestos, que no son limitativos, sino estimados, como ocurre en todas las empresas privadas. Además, es ilegal que un trabajador contratado laboralmente gestione expedientes administrativos, como está ocurriendo en la “administración paralela”.

Esta situación, amparada por el Gobierno andaluz, ha posibilitado los numerosos casos de corrupción que conocemos: ERE, Invercaria, Formación para el empleo, etc. Y los que podrán venir si no se corrige esta situación. ¿Saben cuánto dinero se ha recuperado de los casos de corrupción conocidos hasta ahora? Según el último informe de la Cámara de Cuentas, el 0,1 %.

A pesar de la corrupción, motivada por esta realidad amparada por el PSOE andaluz durante años, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni IU, ni el PP, han impuesto como condición para posibles pactos con el PSOE-A en la formación de un nuevo Gobierno la devolución a las Consejerías de esa función primordial del gasto público, como es la concesión de subvenciones y otras ayudas económicas. Así nos va.