La Junta de Andalucía no tiene competencias para regular las ayudas y subvenciones en materia de formación para el empleo.
En
primer lugar, quiero aclarar a mis lectores que no soy contrario a la finalidad
perseguida con el uso de los fondos públicos si con ello se trata de mejorar el empleo en
nuestro país, y en especial, para perfeccionar la formación profesional de los
ciudadanos que optan por ello. ¡Loable objetivo! Pero, una vez más, el fin no
justifica los medios, como veremos a continuación.
Entre
las acciones que forman parte de las “políticas
activas de empleo”, esa cursi expresión de nuevo cuño que tanto gustan
a los políticos, tenemos la formación
para el empleo (para desempleados y trabajadores ocupados, que se
denominaban formación ocupacional y continua, respectivamente). Evitaré en este
momento el debate sobre la necesidad o no del gasto en formación para el empleo
por los Servicios Públicos de Empleo, pero no puedo pasar por alto la gran apuesta
realizada por un sistema educativo que integra la formación profesional. ¿Cuánto
hubiera mejorado nuestro sistema educativo de formación profesional si la descomunal
cantidad de dinero empleada en formación para el empleo se hubiera dedicado a
la potenciación de aquél? Hablamos de muchos miles de millones de euros….