¿Quién decide?

El lunes pasado, distintos medios de comunicación publicaban la noticia de la visita del Rey de España a la fábrica que la empresa Persán, S.A. posee en Sevilla, en donde ha presidido la celebración del 75 aniversario de la misma. Dicha empresa se dedica al mercado de detergentes, suavizantes y productos de limpieza, y ha inaugurado un laboratorio de I+D, un almacén automático con capacidad para 40.000 palés y unidades de fabricación de detergentes en cápsulas.

Empleo corrupto

"El Programa Emple@Joven de la Junta nace torcido" 

Negro y oscuro como el carbón. Con este artículo les mostraré, una vez más, cómo el Estado de Derecho no tiene cabida en Andalucía. Cuando del Gobierno andaluz se trata, todo es suceptible de empeorar. Este nuevo despropósito de la Junta de Andalucía está relacionado -como no- con el Servicio Andaluz de Empleo –SAE- y las partidas millonarias que en 2014 –y siguen en 2015- se han dedicado a esta materia. Y este caso afecta al Gobierno capitaneado por Susana Díaz.

En primer lugar, denunciaré el uso indebido de transferencias de capital por parte del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía para ser destinados a gastos corrientes (en este caso, contratación de jóvenes). Esta práctica ilegal ya fue denunciada por la Cámara de Cuentas en un informe de enero de 2014 sobre la formación, pero la Junta de Andalucía se reafirma en su descarrío.

Y, en segundo lugar, lo que es aún más grave: sin tener el título competencial para ello, la Junta de Andalucía vuelve a regular ayudas sociolaborales, competencia que sólo tiene el Estado. Las Comunidades Autónomas sólo tienen competencias ejecutivas, es decir, gestionar dichas ayudas adecuándose a la normativa del Estado.

Corrupción Sostenible en la Agencia Andaluza de la Energía

¡Toldos para todos!

- ¡Curriiito, dale al botoncito!

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de 26 de marzo pasado, se publicó el Decreto-Ley 1/2014, 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. Según dice el Gobierno andaluz, este programa de incentivos –subvenciones, para entendernos- se configura como una medida extraordinaria y urgente, necesaria para reducir la tasa de desempleo y la factura energética en hogares, gracias a las inversiones en medidas de eficiencia energética y uso de energías renovables. 

Según establece el citado Decreto-Ley, las subvenciones se destinarán a actuaciones en edificios ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables, y que cumplan con las condiciones establecidas en el mismo. Estas actuaciones deben encuadrarse en alguna de las siguientes:

1. Obras de adecuación energética de edificios.
2. Instalaciones energéticamente eficientes en la edificación e infraestructuras, eléctricas o térmicas.

¿Consejo de Gobierno y Agencia IDEA?

Un nuevo hecho que implica a ambas instituciones en una actuación de más que dudosa legalidad.

Traigo a este blog mi primera denuncia, una más de las tantas que ya han sido puestas de manifiesto en otros foros. En este caso, expongo el caso de 58 millones de euros puestos en manos de la Agencia IDEA, que gestionará con un procedimiento elaborado por ella misma, saltándose una vez más el ordenamiento jurídico.

El hecho es de una gravedad absoluta, y cuesta trabajo entender que ningún órgano o institución de control de las Administraciones haya actuado para poner en orden esta aberración jurídica (en palabras de los Tribunales, “restablecer el orden público”), con presumibles consecuencias en la ciudadanía.

Pero, ¿a que órganos e instituciones me refiero? Por parte de la Junta de Andalucía, la Intervención General, el Gabinete Jurídico, la Inspección General de Servicios, la Secretaría General Técnica de la Consejería implicada –Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo-, y demás órganos que hayan participado o hayan tenido conocimiento de la materia que regula el citado Decreto-Ley.  Y por supuesto, no puedo dejar atrás al pusilánime y apático grupo parlamentario de la oposición en el Parlamento de Andalucía, el del PP, dado que IU-CA forma parte del Gobierno andaluz.