Un nuevo hecho que implica a ambas instituciones en una actuación de más que dudosa legalidad.
Traigo a este blog mi primera
denuncia, una más de las tantas que ya han sido puestas de manifiesto en otros
foros. En este caso, expongo el caso de 58 millones de euros puestos en manos
de la Agencia IDEA, que gestionará con un procedimiento elaborado por ella
misma, saltándose una vez más el ordenamiento jurídico.
El hecho es de una gravedad absoluta, y cuesta trabajo entender que ningún órgano o institución de control de las Administraciones haya actuado para poner en orden esta aberración jurídica (en palabras de los Tribunales, “restablecer el orden público”), con presumibles consecuencias en la ciudadanía.
Pero, ¿a que órganos e instituciones me refiero? Por parte de la Junta de Andalucía, la Intervención General, el Gabinete Jurídico, la Inspección General de Servicios, la Secretaría General Técnica de la Consejería implicada –Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo-, y demás órganos que hayan participado o hayan tenido conocimiento de la materia que regula el citado Decreto-Ley. Y por supuesto, no puedo dejar atrás al pusilánime y apático grupo parlamentario de la oposición en el Parlamento de Andalucía, el del PP, dado que IU-CA forma parte del Gobierno andaluz.
¿Y por parte del Estado? Por parte de la Administración de Justicia tenemos la Fiscalía, pero poco podemos esperar si se dedica a actuar tal como me respondió la Fiscal Jefe de Sevilla en unas Jornadas a las que asistí –“mientras no me llegue la denuncia por escrito a mi mesa, no actúo” (¿?)-; y por parte de la Administración estatal tenemos a la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, a través de la Abogacía del Estado (¿leerán alguna vez las publicaciones en BOJA?).
¿A qué se debe la gravedad del hecho que denuncio en este blog? Una vez más, y a pesar del copioso y exhaustivo trabajo de la Justicia y de los medios de comunicación, la Junta de Andalucía vuelve a infringir normas fundamentales, y lo hace nada menos que con la participación del Consejo de Gobierno y de una de sus agencias más controvertidas, ubicada en el centro de numerosos escándalos judiciales: la Agencia IDEA.
No puedo presumir la intención de este grave hecho, pero que la Agencia IDEA se haya atribuido la potestad reglamentaria, evitando el procedimiento de elaboración de los reglamentos y los informes preceptivos, y ello amparado en un Decreto-Ley del Consejo de Gobierno, y para colmo en un tema tan espinoso como el de otorgar ayudas económicas a empresas, deja al Gobierno andaluz y a todas las instituciones de control en una situación muy precaria, y a la ciudadanía de nuevo en el borde del precipicio.
¿Transparencia en la Junta de Andalucía? ¿Que el Gobierno de la Junta de Andalucía es el modelo a seguir en España y Europa?
¡Santiago, cierra Andalucía, España, y vámonos!
Enlace para ir a la denuncia: DENUNCIA
El hecho es de una gravedad absoluta, y cuesta trabajo entender que ningún órgano o institución de control de las Administraciones haya actuado para poner en orden esta aberración jurídica (en palabras de los Tribunales, “restablecer el orden público”), con presumibles consecuencias en la ciudadanía.
Pero, ¿a que órganos e instituciones me refiero? Por parte de la Junta de Andalucía, la Intervención General, el Gabinete Jurídico, la Inspección General de Servicios, la Secretaría General Técnica de la Consejería implicada –Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo-, y demás órganos que hayan participado o hayan tenido conocimiento de la materia que regula el citado Decreto-Ley. Y por supuesto, no puedo dejar atrás al pusilánime y apático grupo parlamentario de la oposición en el Parlamento de Andalucía, el del PP, dado que IU-CA forma parte del Gobierno andaluz.
¿Y por parte del Estado? Por parte de la Administración de Justicia tenemos la Fiscalía, pero poco podemos esperar si se dedica a actuar tal como me respondió la Fiscal Jefe de Sevilla en unas Jornadas a las que asistí –“mientras no me llegue la denuncia por escrito a mi mesa, no actúo” (¿?)-; y por parte de la Administración estatal tenemos a la Subdelegación del Gobierno en Andalucía, a través de la Abogacía del Estado (¿leerán alguna vez las publicaciones en BOJA?).
¿A qué se debe la gravedad del hecho que denuncio en este blog? Una vez más, y a pesar del copioso y exhaustivo trabajo de la Justicia y de los medios de comunicación, la Junta de Andalucía vuelve a infringir normas fundamentales, y lo hace nada menos que con la participación del Consejo de Gobierno y de una de sus agencias más controvertidas, ubicada en el centro de numerosos escándalos judiciales: la Agencia IDEA.
No puedo presumir la intención de este grave hecho, pero que la Agencia IDEA se haya atribuido la potestad reglamentaria, evitando el procedimiento de elaboración de los reglamentos y los informes preceptivos, y ello amparado en un Decreto-Ley del Consejo de Gobierno, y para colmo en un tema tan espinoso como el de otorgar ayudas económicas a empresas, deja al Gobierno andaluz y a todas las instituciones de control en una situación muy precaria, y a la ciudadanía de nuevo en el borde del precipicio.
¿Transparencia en la Junta de Andalucía? ¿Que el Gobierno de la Junta de Andalucía es el modelo a seguir en España y Europa?
¡Santiago, cierra Andalucía, España, y vámonos!
Enlace para ir a la denuncia: DENUNCIA
Suerte y al toro
ResponderEliminarGracias, Pepe. Lo último que puede perder una persona es su libertad y su dignidad.
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