AVRA-CADABRA: ¿MAGIA EMPRESARIAL O FRAUDE A LA ANDALUZA?

Fondos europeos (FEDER), convenios, encomiendas de gestión, agencia empresarial y otras mentiras.

Con esta nueva publicación se demuestra una vez más cómo el Gobierno andaluz sigue empeñado en la tarea de justificar lo injustificable: la existencia de innecesarias e ineficientes Agencias Empresariales, Fundaciones y Sociedades Mercantiles públicas, las cuales, día tras día, nos sorprenden con un nuevo caso escandaloso de fraude y malversación de fondos públicos.

Y esto no es más que el resultado de la huida permanente del Derecho Administrativo por parte de los partidos políticos que nos gobiernan, y que es objeto de crítica constante por muchos expertos en la materia, sin que ningún político, de momento, haya cogido el toro por los cuernos y haya adoptado las soluciones preventivas que algunos defendemos desde hace años (las medidas disuasorias -como las penales- también son necesarias, pero no son tan efectivas para la prevención de delitos). Sí, es posible minimizar la corrupción, lo reitero, me ratifico en ello, y lo puedo demostrar en cualquier debate, público o privado, pero los partidos que nos han gobernado y nos gobiernan se han resistido y se resistirán a adoptar esas medidas, porque se les desmoronaría todo el entramado diseñado con fines nebulosos que antepone el interés partidista al interés general, y con el efecto perverso de permitir y abonar el terreno de la corrupción política, económica y social. ¡Ay, si todos los ciudadanos despertaran y abrieran los ojos!

Por cierto, ya que presume tanto de ello, si la Presidenta de la Junta realmente quiere acabar con la corrupción, no tiene más que aplicar dichas medidas preventivas. Y el Gobierno de la nación, si tuviera idéntica voluntad, también podría hacerlo. ¿A qué esperan? El tiempo es oro...y nunca mejor dicho.

El tema objeto de esta denuncia tiene cierta complejidad desde un punto de vista técnico-jurídico, pero intentaré explicarlo de forma que todo ciudadano pueda entenderlo, dadas las consecuencias tan negativas que conllevan, como poner en riesgo otra vez más fondos europeos (FEDER), que acabaremos pagando todos los andaluces de nuestros impuestos, como ha pasado con los millones de euros en formación para el empleo.

El Programa Regional de Espacios Públicos que ejecuta la Consejería de Fomento y Vivienda (antes Obras Públicas y Transportes), fue aprobado  por Orden de 17 de junio de 1998 del entonces Consejero Francisco Vallejo Serrano. En base a este Programa, tanto la Agencia de Vivienda, Rehabilitación y Alquiler, AVRA (antes Empresa Pública del Suelo de Andalucía, EPSA) como la Consejería actúan en fraude de la legislación europea, estatal y autonómica de subvenciones, de contratación administrativa, de la competencia, etc.

Según la citada Orden de 1998, los Ayuntamientos interesados deben firmar, junto a la Consejería de Fomento y Vivienda y la Agencia empresarial AVRA, un Convenio Marco y un Convenio de Ejecución de Obras, cuyos modelos figuran en los Anexos de la misma. Una de las condiciones es que el importe de las obras sean cofinanciadas por la Consejería y los Ayuntamientos, y ejecutadas por la Agencia AVRA mediante una encomienda de gestión que formaliza la Consejería.

Como se verá en la denuncia con más detalle, hay un cúmulo de incumplimientos, a cual más grave, a saber:

-        Incumplimiento a la legislación de subvenciones, en cuanto que la forma es la de convenios, pero en el fondo se trata de subvenciones.

-        Incumplimiento de la legislación de contratación administrativa, al no cumplir las encomiendas de gestión con los requisitos legales exigibles.

-        Incumplimiento de la legislación de la competencia, en cuanto la Agencia empresarial AVRA se financia con fondos públicos, opera en el mercado y cobra por la intermediación, encareciendo por cierto la obra.

-        Incumplimiento de la legislación básica de hacienda local, en cuanto le exige a los Ayuntamientos un aval para cubrir posibles impagos en obras sobre espacios públicos que son de dominio público.

-        Otros posibles incumplimientos: legislación presupuestaria, legislación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, etc. ¿Quién da más?

En la respuesta que dio el Gobierno andaluz a preguntas del Grupo Parlamentario del PP, información que he podido extraer del BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía) de 21/05/2013, sólo para el año 2013 tenía previsto la Agencia AVRA (antes EPSA) actuar en varios municipios andaluces con arreglo al citado Programa Regional, con un gasto superior a los 2,5 Millones de euros. Y por cierto, no puedo dejar de manifestar de nuevo la ineficaz y deficiente oposición que hace este Grupo parlamentario, porque es incomprensible que con la información que manejan y con los asesores que pagamos todos los andaluces, tenga que ser un ciudadano el que denuncie estos temas. ¿O es que el hecho de que haya municipios gobernados por el PP, acogidos al citado Programa Regional, paga este silencio?

Desconozco si la práctica con los convenios y las encomiendas de gestión es la misma en otros programas que ejecuta la Consejería, pero visto lo visto, tampoco sería de extrañar que ocurriera. Según información facilitada por el Gobierno andaluz, obtenida en el BOPA de 21/5/2013, la Consejería de Fomento y Vivienda, entre los años 2008 a 2012, ha abonado más de mil millones de euros en encomiendas de gestión a las agencias empresariales, como AVRA y AOPJA (antiguas EPSA y GIASA).

Y la pregunta del millón: ¿actuará la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Inspección General de Servicios cuando se publique esta información? ¿Y la Agencia de Defensa de la Competencia? ¿Y la Fiscalía? ¿Actuará la Presidencia de la Junta de Andalucía para corregir este nuevo fraude, o tendremos que esperar de nuevo a la Justicia? 

Para el lector que quiera profundizar un poco más en la cuestión que se plantea, dejo a continuación el enlace al desarrollo de esta denuncia: Caso AVRA.