domingo, 10 de mayo de 2015

¡Sin Límite!



El pasado 28 de abril, el ex-interventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, prestó declaración ante el Tribunal Supremo en el marco del caso ERE, reafirmando ante el Juez Barreiro que la Intervención de la Junta alertó en el año 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones de euros", sin que el Gobierno andaluz actuara para solucionar ese gasto no previsto en los Presupuestos.

Asimismo, para demostrar que el Gobierno andaluz sí actuó cuando la Intervención de la Junta informó de otros agujeros presupuestarios, puso de ejemplo el desfase de 43 millones de euros que se produjo con las ayudas a las familias andaluzas para la adquisición de equipos informáticos y conexión a Internet, que al igual que los ERE, fueron gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes llamada IFA. Para colmo, en el caso de los ordenadores, el IFA usó a otra empresa instrumental suya, llamada FAGIA. Imagínense los gastos de tanta intermediación sin necesidad alguna.

Por otro lado, la Juez Alaya ha imputado a más cargos públicos de la Junta de Andalucía porque la Agencia IDEA concedió avales o créditos en el año 2009 por 71,2 millones, cuando el límite establecido en la Ley de Presupuesto era de 18 millones.