Aznalcóllar: la historia jamás contada

• Existieron presiones de altos cargos del PSOE en 1994 para tramitar urgentemente el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de explotación minera “Los Frailes”, que acabó con la rotura de la balsa en 1998.
  

•  Tanto el Gobierno socialista de la nación como el de Andalucía se habían comprometido a conceder a la empresa promotora “Boliden Apirsa” numerosas ayudas para la explotación minera, y necesitaba una Declaración de Impacto Ambiental favorable.
  

"En recuerdo de mi gran amigo y compañero Rafael”

El 25 de abril de 1998 la recordaremos como la fecha del mayor desastre ecológico ocurrido en Andalucía, y uno de los más graves de Europa: la rotura de la balsa de residuos mineros de la mina de Aznalcóllar, que dio lugar al vertido tóxico en el río Guadiamar.

Hoy les traigo a estas páginas lo que no había sido revelado hasta ahora, y que ocurrió unos años antes, durante la tramitación a finales del año 1994 del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental –E.I.A.- del Proyecto de Explotación del yacimiento “Los Frailes” (Aznalcóllar), y que tres años después desembocó en el citado desastre.

Con este artículo evocaré un episodio trágico que me tocó vivir con el que fue mi gran amigo y compañero, Rafael T.F. -en adelante, Rafael-, que perdió la vida a los 49 años de edad durante las actuaciones que a continuación relataré, y que muestran una de las caras más depravadas del Régimen que padecemos los andaluces desde que el PSOE-A gobierna en Andalucía. Si les soy sincero, me siento desconsolado recordando y escribiendo esta terrible historia que lamentablemente padecí.

Si después de leer este artículo, alguien es capaz de pensar que el PSOE puede mejorar la situación ruinosa de Andalucía, y no me refiero sólo al aspecto económico, es obvio que no es más que un cómplice o partícipe del Régimen, de sus maldades y de sus crueles conductas. Observen la palabra que he usado, maldad, que era un término desconocido para mí hasta ese fatídico momento.

Antes de empezar, les señalaré un dato: si observan ustedes toda la información que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha colgado en la web sobre la Mina de Aznalcóllar, en el Portal Andaluz de la Minería, en el apartado de "Documentos de interés" sólo aparecen el Proyecto de Explotación (por cierto, sin identificación ni firma del técnico), Planos y varios Planes de Labores. Sin embargo, no aparece el Estudio de Impacto Ambiental, que debe constar en el expediente, ni ninguno de los documentos que formaron parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, del que hablaré a continuación. ¿Por qué no se han publicado?

Si leen con detalle lo que a continuación les relataré, quizá encuentren alguna de las explicaciones posibles, y quizá también encuentren una explicación de cómo un procedimiento administrativo mal tramitado podría desembocar en una catástrofe. Para entender ligeramente lo que voy a narrarles, es necesario que les describa algunos de los antecedentes y hechos que integran el contexto de lo que ocurrió durante aquellas fechas.

A finales del año 1994, me encontraba trabajando como asesor técnico en un puesto base, en el Departamento de Impacto Ambiental de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente (antes Agencia de Medio Ambiente). Desde el año 1990, en el que ingresé en la Administración de la Junta de Andalucía tras trabajar casi dos años en una multinacional alemana, era el único funcionario de la Delegación que tramitaba los procedimientos de E.I.A. de muy variados proyectos. El citado Departamento lo dirigía en esos años Rafael, Ingeniero Industrial y funcionario de carrera, que había sido trasferido unos años antes a la Junta de Andalucía desde la Administración del Estado, donde desempeñó su labor muchos años. De él aprendí parte de lo que hoy integran mis conocimientos profesionales. Nunca olvidaré su considerado trato, tanto en las relaciones personales como en las laborales, así como nuestros intensos debates de índole técnico respecto a los proyectos que tramitábamos. Era una persona honesta, rigurosa en lo profesional y siempre dispuesto a colaborar.

Así surgió mi amistad con Rafael, con el que trabajaba día a día en una materia de poco recorrido en España, como era la Evaluación de Impacto Ambiental. Téngase en cuenta que con motivo del ingreso de España en la UE, se transpuso la Directiva comunitaria 85/337 sobre dicha materia mediante el RDL 1302/1986, que fue desarrollado mediante el RD 1131/1988, que aprobó el Reglamento para la ejecución de la norma legal anterior. Posteriormente se aprueba en Andalucía la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, que regulaba la E.I.A, entre otras materias. En la Junta de Andalucía éramos pocos los funcionarios formados y con la experiencia necesaria en dicha materia.

Durante esos años, en el Departamento sometimos a E.I.A. numerosos proyectos de presas y embalses (entre otras, la presa de Los Melonares), actividades extractivas, repoblaciones forestales, infraestructuras lineales (líneas eléctricas, carreteras, oleoductos, etcétera) y de otros tipos (centros de tratamiento de residuos urbanos, plantas de transferencia de estos residuos, puertos deportivos, etc.), actividades industriales y agroindustriales, planeamientos urbanísticos municipales (P.G.O.U., Normas Subsidiarias, revisiones y modificaciones de ambas figuras de planeamiento, Planes Parciales), actividades turísticas y recreativas, y otras actuaciones.

Prácticamente, el 95 % de los proyectos sometidos a E.I.A. se declaraban favorables tras los trámites oportunos, requiriendo completar la documentación en muchos casos, dado que era deficiente. Los más conflictivos eran los planes urbanísticos, por los consabidos intereses en juego, y también, curiosamente, los promovidos por las Administraciones Públicas, pues los Estudios de Impacto Ambiental no alcanzaban el rigor necesario. Me refiero a carreteras, presas, explotaciones mineras... ¡Ni se imaginan las presiones que sufríamos tanto Rafael como un servidor de los cargos públicos! Para colmo, fui miembro cuatro años de la Ponencia Técnica de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla, donde las tensiones eran de gran calado al pasar por nuestras manos los planeamientos urbanísticos de los municipios de la provincia, y participé en varias sesiones de la citada Comisión en sustitución de los distintos Delegados de Medio Ambiente que pasaron por la Delegación. De hecho, voté en contra del parecer de la mayoría de sus miembros (Delegados Provinciales) en varias ocasiones, y a partir de entonces me etiquetaron como funcionario “conflictivo” por defender la legalidad y el sentido común. Me vetaron asistir tanto a la Ponencia como a la Comisión.

La citada Delegación de Medio Ambiente, en esas mismas fechas de finales de 1994, tenía como titular a Jesús Nieto González, del que no puedo expresar ni una palabra positiva, ni como político ni como gestor ni como persona, todo lo contrario de sus antecesores. No es necesario que les diga nada al respecto, pues si buscan ustedes en Internet, las asociaciones ecologistas han publicado el parecer que tienen sobre su trabajo como político.

Un poco antes de aquellas fechas, se creó el puesto del Servicio de Área Técnica en la Delegación, jerárquicamente por encima de los Departamentos existentes. Todos los que trabajábamos en la Delegación creíamos que sería ocupado el puesto por Rafael, por su formación y dilatada experiencia y conocimiento en las materias que había llevado en dicha Delegación desde la creación de la Agencia de Medio Ambiente, tanto en prevención como en calidad ambiental (residuos y contaminación de suelos, aguas y aire). Pero como suele ocurrir en la Junta de Andalucía, dicho puesto se concedió provisionalmente a José Antonio V.G., un funcionario recién ingresado a la Función Pública que empezó ocupando un puesto de asesor (tres niveles por debajo del que tenía consolidado Rafael), que no cumplía siquiera el requisito de experiencia de tres años que se exigía para la ocupación del puesto del Servicio.

Para los no entendidos en la materia, la ocupación provisional “a dedo” en un determinado puesto se utiliza en la Junta para poder ocuparlo más tarde definitivamente cuando se convoque públicamente, alegando la experiencia adquirida previamente durante la ocupación provisional en dicho puesto. Ya saben, “quien hace la ley hace la trampa”. Y fue lo que ocurrió: José Antonio V.G. fue nombrado definitivamente al poco tiempo, en 1995, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló su nombramiento ¡tres años después! por no cumplir los requisitos del puesto de trabajo (Sentencia de 29 de junio de 1998; Recurso núm. 1124/1995).

Ya ven ustedes como en esos años también se cometían en la Junta muchas ilegalidades. No es un tema novedoso para mí. De hecho, mi lucha personal contra la corrupción política la inicié en esos años. En 1994, presenté un recurso contra el concurso de méritos que se convocó en la Junta, que afectaba a todos los funcionarios (Recurso núm. 1546/1994 DF). Recurrí el acto de convocatoria por la vía de Derechos Fundamentales junto a Rafael y otros dos funcionarios. Rafael falleció durante el procedimiento, y los otros dos funcionarios se retiraron del recurso para evitarse problemas con los políticos en la Administración. Me quedé como único recurrente. La Sección Primera del  TSJA lo suspendió cautelarmente, y luego lo anuló al año siguiente mediante Sentencia de 8 de julio de 1995, por vulneración de derechos fundamentales, condenando en costas a la Junta.

Permítanme que durante la narración efectúe saltos en la línea cronológica de la historia, empleando la conocida técnica cinematográfica y literaria del “flashback” o analepsis, adelantando y retrasando en el tiempo la historia.

El 22 de marzo de 1995, el puesto de trabajo que ocupaba mi amigo Rafael, el Departamento de Impacto Ambiental, que quedó vacante tras su fallecimiento, se convocó públicamente para su ocupación provisional por el Delegado Provincial, y pedimos la plaza 27 funcionarios. La plaza se convocó para ser ocupada por un conocido del Delegado, el sr. A.J., que tenía la misma titulación que el Delegado -Perito Industrial-, pero aunque lo propuso para la adjudicación, finalmente no le autorizaron en su centro, por lo que el primero de la lista era un servidor, por experiencia y méritos. Pero como yo estaba en la “lista negra”, convencieron al Consejero para que dictara una Orden declararando desierta la plaza (Orden de 6 de octubre de 1995). Obviamente, recurrí la convocatoria, la Memoria del Delegado proponiendo al citado funcionario y esta inadmisible decisión del Consejero. El TSJA de nuevo me dio la razón, y anuló todos los actos mediante Sentencia de 1 de febrero de 1999 (Recurso núm. 1639/1995), por incurrir en una clara desviación de poder. Decía la sentencia que “efectivamente existía un candidato predeterminado al puesto y que la Convocatoria era pura falacia para encubrir dicho nombramiento”.

Como ven ustedes, el contexto en aquellas fechas era de mucha tensión y presiones, no sólo por los proyectos que sometíamos al procedimiento de E.I.A., sino también por lo que paralelamente ocurría en las parcelas de organización y recursos humanos, donde los enchufes ya estaban al orden del día, que repercutían negativamente en la calidad de los trabajos. Eso sí, en aquella época muy pocos funcionarios se atrevían a denunciar estos abusos, porque había terror a las represalias. El Régimen socialista era muy duro en aquella época.

Procedimiento de E.I.A. del Proyecto de explotación minera “Los Frailes” (Aznalcóllar)

Volviendo al tema central de la mina de Aznalcóllar, como se recoge en los distintos comunicados que la asociación “Ecologistas en Acción” ha elaborado en los aniversarios de la catástrofe, la Junta no ha aprendido nada del desastre de la balsa. No tienen más que leer la prensa estos días para hacerse una idea de cómo la Junta sigue cometiendo excesos, incluso a cara descubierta, con la nueva concesión minera en Aznalcóllar. A continuación transcribiré parte del comunicado que emitió en 2004 la citada asociación ecologista, 6 años después del vertido:

“Aznalcóllar seis años después: Seis años después del mayor desastre ecológico ocurrido en Andalucía, en lo que respecta a Aznalcóllar y su comarca, hay que concluir que la principal lección derivada de aquel fatídico 25 de Abril no se ha aprendido y a día de hoy la política de prevención ambiental sigue los mismos derroteros,…” (el subrayado es mío).

Y tienen toda la razón. En el mes de noviembre de 1994 (recién constituido el Gobierno socialista en la Junta sin mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, con el Gobierno de Felipe González), llega al Departamento de Impacto Ambiental el “Proyecto de Explotación del Yacimiento Los Frailes. Memoria, -Andaluza de Piritas, boliden aprisa-", fechado en octubre de 1994, junto al Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho Proyecto, y la Memoria Resumen, que es el documento que debe presentarse para iniciar el procedimiento de E.I.A. Idealmente, el Estudio de Impacto Ambiental no debe elaborarse hasta que se inicie el procedimiento con la Memoria Resumen, y tras los trámites oportunos de consulta a distintas entidades públicas y privadas, se traslade al promotor del Proyecto los contenidos mínimos que debe incorporar el Estudio de Impacto Ambiental, aportando las informaciones obtenidas en dichas consultas.

Al poco de ser registrada la documentación, el Delegado nos dijo a Rafael y a un servidor que el procedimiento había que iniciarlo urgentemente porque estaba en juego subvenciones mil millonarias para la empresa promotora. Según la información publicada en el diario ABC de Sevilla de 5/01/1994, la inversión presupuestada para el proyecto de “Los Frailes” rondaba los 28.000 millones de pesetas, de los que 6.000 millones (21,43%) corresponderían a subvenciones oficiales: un 11% incentivos regionales, un 5% subvenciones de la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria y un 4% de la Junta de Andalucía. En concreto, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos había aprobado el 21 de enero de 1994 una de las subvenciones de 2.982 millones de pesetas a Andaluza de Piritas, S.A. (APIRSA), que convertido a euros corresponde a 17'96 M€ (del año 1994), para una inversión prevista de 162,93 M€.

El Delegado nos pidió que revisáramos urgentemente toda la documentación y elaborásemos ¡para el día siguiente! un informe sobre el Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental para que la empresa promotora fuera adecuando el Estudio de Impacto Ambiental a lo exigible por la normativa, lo cual implicaba saltarse los trámites legales, pues primero había que analizar la Memoria-Resumen del Proyecto, subsanarla en su caso, y luego someterlo al trámite de consulta (organismos implicados, asociaciones ecologistas, órganos internos, etc.). Obviamente, la mina de Aznalcóllar no era una gravera, ni una cantera, que eran las actividades que con más frecuencia se sometían al procedimiento de E.I.A., sino que tenía una complejidad enorme que necesitaba varios días de lectura y estudio de la documentación, incluyendo todos los planos y, como siempre hacíamos, una visita de inspección ocular. Y esa fue nuestra respuesta al Delegado, Jesús Nieto. Éste, como era habitual en él, manifestó su enfado y malestar insistiendo en ello (había órdenes desde más arriba para que todo se tramitara urgente), advirtiéndonos que si no le obedecíamos, pagaríamos las consecuencias. Era su forma de actuar con el personal que no decía "sí" a todo, aunque fuera una barbaridad.

Tal como nos advirtió el Delegado, el 23 de noviembre de 1994, al incorporarnos al trabajo esa mañana, se nos trasladó la siguiente orden verbal: desde ese momento quedaba desmantelado el Departamento de Impacto Ambiental, dejando sin funciones a Rafael, asumiéndolas el funcionario que ocupaba “a dedo” el puesto del Servicio de Área Técnica, y un servidor pasaba a realizar otras funciones, en concreto las correspondientes a un puesto de trabajo que estaba ocupado por otro funcionario en materia de contaminación ambiental, y este funcionario, sin ninguna experiencia en materia de E.I.A. y sin efectuar un cambio en la ocupación del puesto de trabajo que tenía adjudicado, desempeñaría las funciones que yo llevaba realizando durante más de cuatro años en el Departamento de Impacto Ambiental. Todo ello sin explicación alguna.

En una empresa privada, estos cambios necesariamente habría que justificarlos -reestructuración organizativa, bajos rendimientos, etc.- para que no constituya acoso laboral, y les aseguro que los sindicatos actuarían rápidamente. ¡En una Administración Pública es aún más necesaria la explicación para que no constituya abuso de poder o arbitrariedad de los políticos, pues el ordenamiento jurídico prohíbe este tipo de conductas sin motivación, dado que el interés general prevalece sobre el particular!

En nuestro caso, ni la Junta de Personal ni los sindicatos actuaron en defensa del atropello que se estaba cometiendo (UGT, CCOO y CSIF…como para tener fe en estos tres sindicatos). Rafael, muy afectado por esta injusta situación, intentó hacer razonar al Delegado de que esa actuación era absolutamente ilegal por arbitraria, pero no quiso entrar en razones. Por ello, le pidió al Director General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, el sr. Tapias Granado, una entrevista urgente, citando a Rafael no en su despacho, sino en un bar cercano a la Casa Rosa, sede entonces de dicha Dirección General. Cuando volvió de la entrevista, Rafael se encontraba aún peor, sobrecogido. Según me relató, el Director General no sólo no apoyó a Rafael, sino que le “invitó” a que pidiera otro puesto en cualquier Consejería de la Junta, que no lo quería volver a ver en la Consejería de Medio Ambiente, a lo que Rafael le replicó que qué motivos tenía para ello, que le gustaba el trabajo que desempeñaba, y que no iba a pedir ninguna plaza.

Mientras me narraba lo que habían hablado, le dio un dolor fuerte en la espalda, y quedé preocupado. Le aconsejé que se fuera a casa, y me pidió que no hiciera nada ni dijera nada a nadie, que ya lo hablaríamos con tranquilidad para ver que hacíamos al respecto. Por la tarde, Rafael ingresaba en el Hospital Virgen del Rocío, a través de urgencias, porque el dolor fue a más. Al día siguiente, lo tuvieron que operar urgentemente, porque la presión arterial le había subido tanto que se estaba reventando una arteria junto al corazón. Fue una operación a vida o muerte. El médico que le operó acababa de salir de una guardia de 24 horas, pero vio el tema tan complicado que quiso quedarse para la operación. Duró muchas horas; hicieron lo que pudieron. Tras la operación, ingresó en la UCI inconsciente.

Me encontraba en tal estado de "shock" por todo lo ocurrido que todos los días me iba en horas de trabajo a la UCI a ver como evolucionaba Rafael. Imagínense ustedes como sería el sentimiento de culpabilidad de quienes urdieron -y participaron sin rechistar- de todo aquello (Director General, Delegado Provincial, Secretario General de la Delegación, Jefe de Servicio...), que nadie se atrevió a decirme nada por faltar muchas horas durante varios días al trabajo. Sinceramente, mi desesperación era de tal calibre anta tamaña injusticia, que en ese momento el trabajo era lo que menos me importaba. De hecho, la tensión que yo sufrí en los meses previos y durante estos días lo pagué luego con una ansiedad de tal calibre que el médico me tuvo que dar una baja temporal durante unos días.

Como sería la calaña de estos personajes, que durante esos días de baja me notificaron en mi casa (¡enviaron a un ordenanza!) el inicio de un expediente disciplinario –formaba parte del acoso laboral al que estaba sometido desde meses antes-,  que tuvieron que archivarlo al poco tiempo porque no existía ningún motivo para iniciarlo ante la falsedad de lo que se relataba. 

Rafael falleció tras permanecer en la UCI dos semanas sin despertar del coma. Su mujer quedaba viuda, sus dos hijos pequeños huérfanos de padre, y sus padres perdieron a su hijo mayor. El médico que lo operó me confesó delante de su viuda que era evidente que Rafael había fallecido por las presiones que había sufrido en el trabajo, pero que no podía poner eso por escrito. ¿Qué razones tendría para no hacerlo? Nunca lo sabré.

Era tal la indignación que sentía por lo que había ocurrido, que incluso tuve el valor de presentar un escrito en la Delegación el 28 de noviembre de 1994 solicitando una explicación sobre lo ocurrido, y ante la ausencia de respuesta, tuve que reclamarlo de nuevo el 23 de junio de 1995. El 6 de julio de 1995 me respondió la Consejería limitándose a recordar mi deber de obediencia a mi superior jerárquico, y por supuesto sin contestar nada sobre las razones del desmantelamiento del Departamento de Impacto Ambiental y los cambios producidos, a todas luces ilegal.

Aunque también solicité verbalmente a José Antonio V.G. una explicación de dichos cambios, éste se limitó a decirme que como era el Jefe de Servicio -por cierto, recién nombrado de manera ilegal-, tenía que obedecerle, y que si quería volver a realizar las funciones del Departamento de Impacto Ambiental, tenía que “ganármelo”, es decir, para que ustedes lo entiendan, realizar los informes a medida de lo que me dijera. Ya ven, todos de la misma escuela. Y por cierto, este funcionario tiene problemas con la justicia con un tema relacionado con una explotación minera en Morón de la Frontera, junto a otros funcionarios, debido a una querella presentada por una asociación ecologista (el titular del Juzgado de Instrucción de Sevilla nº 9 hadictado un Auto por el que se incoa Diligencias Previas por una querella presentada por Ecologistas en Acción, caso SIDEMOSA).

En aquella época no estaba tipificado como delito el acoso laboral, que no fue considerado como tal hasta la reforma del Código Penal introducida por la Ley 5/2010. Los funcionarios nos encontrábamos sin defensa alguna, pues ante este tipo de situaciones, los compañeros temían represalias por apoyar a los acosados -a mí me ocurrió más adelante con dos compañeros, que ante el temor a las represalias, no quisieron testificar a mi favor, y eso que sólo les pedí que dijeran la verdad-. En aquellos años, por desgracia, se dudaba más del denunciante que de los denunciados, especialmente si estos ocupaban altos cargos, y probar el acoso no era fácil cuando no tenías el apoyo de nadie por el miedo.

La situación se tornó lóbrega, tanto que desde enero de 1995, el Jefe del Servicio, José Antonio V.G. se negó a acusar recibo de mis informes técnicos, lo cual puse en conocimiento del Delegado Provincial -por supuesto, sin resultado alguno-, viéndome obligado desde ese momento a presentar todos mis informes por el Registro Público de la Delegación Provincial, con el fin de salvar posibles exigencias de responsabilidades. En uno de ellos denuncié a José Antonio V.G y al Secretario General de la Delegación por una posible negligencia en la actuación de ambos, sin que recibiera respuesta alguna, por supuesto, salvo las actuaciones de acoso y persecución que tuve que soportar durante años.

Entre otros "castigos", dejé de cobrar la productividad que sí cobraban mis compañeros, a pesar de realizar tareas similares. El acoso laboral al que fui sometido fue brutal, reconocido por mis compañeros, que no se atrevían a decir nada. Como muestra del acoso, me ubicaron en una sala enorme de la sede de la Delegación en Sevilla Este, que estaba vacía, sin muebles, solo mi mesa y yo. La estrategia era que me viniera abajo psicológicamente para que pidiera un traslado, como le dijeron a Rafael que hiciera.

Aunque denuncié por escrito todo esto ante la Inspección General de Servicios de la Junta (entonces en la Consejería de Gobernación), no se investigó nada, y así quedó la cosa: el Régimen por encima de todo. También lo puse en conocimiento del TSJA en algún recurso-contencioso, aportando documentos que lo acreditaba, pero ni caso. La Justicia estaba sorda, ciega y sin brazos.

El procedimiento de E.I.A. en manos de funcionarios no expertos.

Como consecuencia de todas estas indeseables actuaciones, el procedimiento de E.I.A. del Proyecto de Explotación de "Los Frailes" fue desarrollado por funcionarios de la Delegación que no tenían ninguna experiencia, ni la suficiente formación. Si como les dije al principio, han observado ustedes la información subida a la web sobre la Mina de Aznalcóllar, en el Portal Andaluz de la Minería, en el apartado de "Documentos de interés" no aparece el Estudio de Impacto Ambiental y sí el Proyecto de Explotación. ¿Hay algo que ocultar?

En el Departamento de Impacto Ambiental, Rafael y un servidor teníamos la costumbre de ser rigurosos con el análisis de alternativas y con muchos de los apartados del Estudio de Impacto Ambiental. Como prueba de ello, pueden ver la Declaración de Impacto Ambiental sobre la presa de Los Melonares, publicada en el BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1997, páginas 34498 a 34505, donde se refleja algunas de las apreciaciones que hicimos en el Departamento de Impacto Ambiental (es decir, Rafael y un servidor) a la documentación presentada, ante las deficiencias que encontramos.

Casi con toda probabilidad, si en el año 1994 hubiéramos analizado Rafael y yo el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Explotación minera de “Los Frailes”, así como la Memoria de dicho Proyecto y sus planos, y hubiéramos visitado la zona afectada, posiblemente hubiéramos exigido un análisis muy exhaustivo de alternativas al uso de la balsa, por las consecuencias que podía tener su rotura, y más existiendo denuncias previas sobre filtraciones, pues ese síntoma era suficiente como para no arriesgarse. ¿Acaso se analizaron otras alternativas en el Estudio de Impacto Ambiental para los residuos, o directamente, sin análisis alguno, se decidió que fuera la balsa? Sólo lo podríamos saber si se publicase toda la documentación del procedimiento de E.I.A. desde el principio, cuando Rafael y yo tuvimos en el Departamento parte de dicha documentación, sin tener posibilidad de leer una sola página por esa infortunada orden del entonces Delegado Provincial, con la connivencia del Director General de Calidad Ambiental y de los funcionarios involucrados (Secretario General de la Delegación y Jefe de Servicio, entre otros). ¿Habría alguien más implicado?

Cuando se rompió la balsa en abril del año 1998, todavía trabajaba un servidor en la Delegación. Durante esos días pude observar como se llevaban de un sitio a otro el Proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental y el resto de documentación, montados en un carrito. Había mucho nerviosismo, y caras de mucha preocupación.

No se donde ha acabado toda esa documentación, pero si alguien tuviera interés en sacarla a la luz, tengo la plena seguridad de que nos llevaríamos una sorpresa, y no agradable precisamente. Y si no hay problemas con la documentación, publíquese mañana mismo en el Portal Andaluz de la Minería, para que todos los expertos en la materia y la ciudadanía podamos valorar el alcance o conexión que pudo tener dicho procedimiento de E.I.A. con la catástrofe.

Como “premio” a esta actuación, Jesús Nieto González fue nombrado posteriormente Director General de Prevención Ambiental en la Consejería de Medio Ambiente (a la que volvería más adelante), y luego Director General de Industria, Energía y Minas, llevándose con él a José Antonio V.G. como Jefe de Servicio. Ya ven, ante las catástrofes, en la Junta se premia al personal.

En esta etapa, Jesús Nieto ocupó un puesto en el Consejo Rector de la Agencia IDEA, y por ello actualmente se encuentra imputado por la Jueza Alaya en el caso de los ERE. ¡Cuantas vueltas da la vida!

Soy consciente de la enorme extensión de este artículo, y eso que he prescindido de otros muchos pormenores; pero he creído necesario narrar esta historia con el suficiente detalle para que ustedes entiendan que el PSOE andaluz no puede gobernar ni un minuto más Andalucía. Yo descubrí con esta experiencia – y otras posteriores-, que además de ser pésimos gestores, la maldad humana existe.

No siempre hace falta un arma de fuego para llevar a las personas a la muerte. Con una presión psicológica excesiva sobre una persona –y si esta es débil, no hace falta ni que sea excesiva- puede conseguirse lo mismo. Yo lo he vivido, y nadie podrá convencerme de lo contrario. Murió Rafael, por defender el interés general  y el cumplimiento de la ley, que forma parte del juramento que hacemos los funcionarios de carrera cuando ingresamos en la Función Pública.

Por todo ello, siempre recordaré a Rafael como un mártir de este repugnante Régimen del PSOE andaluz, mi mártir, que espero sea el último. Deseo que mis lágrimas –no he podido resistirme- sirvan para limpiar tanto corazón viciado.

Un enorme y fortísimo abrazo, Rafael, estés donde estés.